La administración de justicia ha emitido un auto que acepta los argumentos del Consell de Formentera y se opone a la solicitud realizada el 30 de mayo, por la Abogacía del Estado, del Partido Popular, para hacer ejecutar la sentencia número 87/2017, de 28 de febrero, que anulaba el nombramiento de 9 policías locales en Formentera.

El auto de la jueza Núria Ramos expone que "en una ponderación de intereses, entiendo que deben prevalecer los apuntados por el Consell Insular de Formentera, que no sólo los alega sino que los acredita documentalmente". Por su parte, de la Delegación del Gobierno del Estado describe que "no ha apuntado ningún perjuicio derivado de la falta de ejecución de la sentencia". La juez también ha condenado a la Abogada del Estado en costas.

'El PP desacredita hasta sopressar el límite de la seguridad de Formentera'
Bartomeu Escandell, conseller de Hacienda, Medio Rural y Policía, ha lamentado la hipocresía del PP, que los plenos se queja de los pocos efectivos de la Policía, pero utilizan todas las herramientas posibles para poner trabas a su desarrollo, como las denuncias de la Delegación del Gobierno del Estado, a la creación de plazas fijas.

Escandell lamenta que "el hecho de que en 2017 pidan que Formentera anule 9 plazas fijas, cuando el Estado está convocando 5197 nuevas plazas para Policía Nacional y Guardia Civil es un acto de hipocresía y de irresponsabilidad hacia la seguridad de Formentera".

Bartomeu Escandell ha afirmado que "entiendo que el Partido Popular está en su derecho de desprestigiar este gobierno y la gente que lo integra, pero en una cuestión como la seguridad, debería ser responsabilidad de un gobierno serio del Estado ayudar a crear policía allí donde hace falta, y no ir poniendo trabas en cuestiones tan delicadas".
 
Antecedentes
Recordemos que la Delegación del Gobierno presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consell de Formentera, de fecha 22 de agosto de 2014, para realizar un concurso oposición para proveer con 9 plazas de funcionario la Policía Local.

El juzgado contencioso administrativo número 1 de Palma desestimó este recurso, con sentencia de fecha 1 de septiembre de 2016. Sorprendentemente, el gobierno del estado del Partido Popular presentó un recurso de apelación y el 28 de febrero de 2017 logró que se anulara la convocatoria de estas 9 plazas, solicitando además, la ejecución provisional de la sentencia.

A finales de julio, llega el auto que admite las alegaciones que el Consell de Formentera presentó para evitar la ejecución de la sentencia.

Los servicios técnicos del área de Medio Ambiente del Consell de Formentera han alertado y acompañado al personal de la demarcación de Costas para hacer desmontar voluntariamente dos ocupaciones sin autorización que se han realizado en la playa de Illetes. Es la tercera vez en el último mes que se procede a desmontar instalaciones de este tipo.

La ocupación no autorizada la han realizado las tripulaciones de los yates Kismet, de 95 metros y Titania, de 71 metros, que sin ningún tipo de permiso habían colocado numeroso material privado a la playa.

En concreto, una instalación, de 30 metros cuadrados, se componía de un toldo, 12 hamacas, 5 sombrillas, 2 butacas y paneles para delimitar la ocupación. La segunda instalación, de 40 metros cuadrados, constaba de una carpa, una mesa de catering, dos butacas, una sombrilla, mesas de paddle surf y material de baño como toallas y cremas.

‘La playa es de todos’
La consellera del Medio Ambiente del Consell de Formentera ha afirmado que "en esta isla la zona de dominio público es de todos, y no se puede hacer un uso privativo del espacio sin autorización". Aguilera ha añadido que "nos preocupa que en el último mes hayan intentar ocupar la playa tres veces y ha agradecido la colaboración de la ciudadanía para denunciar cuando sucede y de la demarcación de Costas para hacer restablecer el uso público de la playa".